Suecia prohíbe Onlyfans y castigará su uso con hasta un año de cárcel

El Parlamento sueco ha dado un paso adelante en su lucha contra la explotación sexual con la aprobación de una reforma legislativa que amplía el alcance de la ley que prohíbe la compra de servicios sexuales. La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, incorpora a su marco sancionador los contenidos eróticos encargados de forma personalizada a través de plataformas digitales como Onlyfans.

A partir de esa fecha, cualquier individuo que pague por material pornográfico hecho expresamente para él será susceptible de ser castigado con penas de hasta un año de prisión, al considerarse este tipo de transacción como un acto sexual retribuido. De igual manera, también se penalizará económicamente a quienes abonen dinero a cambio de que otra persona realice actos sexuales de manera remota en internet.

En cambio, la normativa mantendrá la legalidad de la adquisición de contenidos ya existentes, siempre que el comprador no haya intervenido en su creación. Esta distinción busca marcar un límite entre el consumo pasivo de pornografía y la participación activa en la generación de este tipo de material.

Asimismo, la reforma contempla como proxenetismo el hecho de inducir a otra persona a realizar actos sexuales a distancia o beneficiarse económicamente de su participación en ellos. Esta figura delictiva podrá conllevar condenas de hasta cuatro años de cárcel.

La diputada socialdemócrata Teresa Carvalho, cuyo grupo parlamentario ha sido uno de los promotores de esta iniciativa, declaró a la cadena privada TV4: «Se trata de una nueva forma de compra de sexo y era hora de que modernizáramos la ley para incluir también la compra a distancia en plataformas digitales como, por ejemplo, Onlyfans».

Por su parte, la compañía británica Onlyfans ha expresado su rechazo a la nueva normativa, advirtiendo que esta limitará la capacidad de muchos creadores de contenido para mantenerse económicamente de forma independiente. Además, la plataforma ha recordado su contribución fiscal a Suecia, cifrada en unos 12 millones de dólares anuales (equivalentes a 10,7 millones de euros aproximadamente).

Suecia fue pionera en la criminalización del cliente de la prostitución al promulgar en 1999 una ley que penaliza la compra de servicios sexuales. Este modelo, que desvincula de responsabilidad penal a quienes ejercen la prostitución y coloca el foco en quien paga por sexo, ha sido replicado posteriormente por países como Noruega, Irlanda o Francia.

Con esta nueva normativa, el país escandinavo adapta su legislación a las nuevas dinámicas del entorno digital, reforzando su marco legal contra todas las formas de comercio sexual, ya sea presencial o virtual.